Alrededor del 12% han desaparecido
Como resultado, en los últimos diez meses, el costo adicional para la industria ha superado los 600 millones solo por el precio de los combustibles, razón por la cual Confebus ha insistido en entregar al gobierno, y este alza desproporcionadamente sostenida demuestra que la necesidad y urgencia de tomar medidas extraordinarias, como prorrogar la rebaja de 20 céntimos el litro de gasóleo y el precio máximo de 1 euro el kilo de gasolina para las empresas del sector, así como reequilibrar los contratos de gestión del transporte público y habilitar legalmente a otras administraciones para que revisen sus concesiones, así como contratos públicos, como los de transporte escolar y otros, y reducir la morosidad en la administración pública para mantener la continuidad de los servicios públicos esenciales y garantizar la movilidad sostenible.
Más inversión para el Sector
Por otro lado, el abono gratuito de Renfe, que se ha prorrogado hasta 2023, discrimina zonas con y sin ferrocarril, a pesar del apoyo federal a todas las medidas que está tomando el Gobierno para impulsar el transporte público. Supone una discriminación para la mayoría de los ciudadanos, ya que solo unas pocas de las más de 8.000 ciudades de España se benefician de servicios de cercanías y media distancia. La medida ya ha costado a los usuarios de autobús del 15% al 30% de ciertos tipos de transporte, enfrentando dos modos de transporte complementarios entre sí para brindar a las personas transporte público, por lo que el ferrocarril gratuito que tiene se extenderá también al transporte en autobús.
También destacan las partidas poco significativas destinadas a subvenciones al transporte urbano y metropolitano, que se mantienen en la misma cuantía de años anteriores, sin tener en cuenta el fuerte incremento de costes que han sufrido estos servicios, en torno al 35%, como consecuencia de la alta inflación.
En este contexto, Confebus reitera que los niveles de demanda de pasajeros aún no se han recuperado y aún son un 14% inferiores a los de 2019, y este hecho, combinado con los altos costos, está impactando significativamente en un ya sectores afectados particularmente afectados por la pandemia, pero críticos para la movilidad, la cohesión territorial y el cambio en curso hacia la sostenibilidad en la economía.
Está en juego la supervivencia de muchas empresas, ya que los datos del registro del Ministerio de Transportes, Transportes y Agenda Urbana confirman que más de 300 empresas (329) han desaparecido en los últimos dos años, lo que representa casi el 12 por ciento del total, lo que implica la destrucción de trabajos. Además, hay menos de 3.000 sobrevivientes (2.810), y se ha acumulado una gran cantidad de deuda, lo que es un serio lastre para la recuperación de la industria.
Desde Confebus informan que se ven en la obligación de repetir que el autobús es un sector clave para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas. Este hecho lo convierte en un actor estratégico para la sociedad, ya que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la supervivencia del sector del transporte en autobús.
