Ante la cuestión de cómo regular estos procedimientos, parece que hay consenso sobre «la necesidad de acordar los requisitos de los datos y los parámetros de calidad, caso por caso. Esto tendría que hacerse en el marco de un proceso más amplio de las partes interesadas, ya que actualmente éstas están definiendo dichos parámetros por sí mismas, por lo que para garantizar la interoperabilidad, es necesario acordar formatos de datos específicos».
Dado que no existe una solución única para todos los casos, una posible solución sería enfocar la cuestión por niveles: la obligación de compartir algunos datos como mínimo, mientras que otros niveles de alcance y calidad de los datos podrían basarse en acuerdos voluntarios negociados o contratos comerciales.
Los operadores han hecho notar su preocupación por el hecho de que un coste y una carga desproporcionados pudieran obstaculizar la innovación y la inversión, tanto para los operadores grandes y asentados, como para los todavía jóvenes agentes de la movilidad urbana a la demanda. «También desde el lado de las autoridades públicas y las organizaciones supranacionales (UITP, EMTA, POLIS) se subrayó la necesidad de garantizar la proporcionalidad de la inversión necesaria y el beneficio esperado. Por lo tanto, muchos proponen que las obligaciones de calidad de los datos sean razonables, es decir, proporcionales a la escala de la operación y al valor añadido. Existe una voluntad general de compartir los datos, a condición de que ya estén disponibles, ya que el coste y el tiempo necesarios para producir nuevos conjuntos de datos suelen subestimarse y no todas las entidades disponen de los medios para hacerlo».
Responsable de los costes
Una cuestión importante que hay que abordar es quién debe pagar el coste (adicional) que supone recopilar y compartir datos. Los costes de integración de datos no suelen estar cubiertos por los sistemas de ingresos o subvenciones. Muchas autoridades y operadores, algunos de ellos pyme, considerarían justo y necesario recibir apoyo, que puede adoptar varias formas: incentivos financieros, pero también formación, asistencia técnica, etc.
Se necesita más transparencia sobre los costes y la forma de calcularlos, aunque algunas partes interesadas expresaron su preocupación por que esto no lleve a revelar secretos comerciales e información comercialmente sensible. Además, a la hora de decidir el nivel de compensación que deben pagar los consumidores de datos, en general los costes deben repartirse entre quienes se beneficien».
