Porque lo primero que hay que dejar claro es que la Ley sigue en vigor. Y así seguirá siendo hasta que se diga lo contrario, bien mediante una suspensión cautelar, bien por su derogación definitiva, parcial o total. Y para eso, al ritmo que se mueve el alto tribunal, pueden pasar varios años.
O no. También es posible, aunque improbable, que este proceso se tramite por una vía más rápida. Sea como fuere, ¿en qué situación quedaría el Sector llegado el momento?
Un claro paso atrás
Pues en una bastante peor de la actual. Dando un enorme paso atrás. Echando por tierra años de trabajo para mejorar las condiciones del Transporte. Después conseguir que la Ley incorpore muchas de estas históricas demandas, ahora resulta que atenta contra la libertad de empresa (hemos solicitado a Vox el texto completo de sus peticiones, sin respuesta hasta la fecha). Como decíamos al principio, sorpresa y estupor. Se ha pasado en pocos días de reivindicar en la calle su cumplimiento y de exigir cuantiosas sanciones para quienes no lo hagan, a impugnar su constitucionalidad por vía judicial.
Lo más chocante es que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso. Entiende, por tanto, que puede existir una base legal para ello. Esto no quiere decir que su fallo definitivo sea favorable a los demandantes, ni mucho menos. Pero el mero hecho de que ponga en marcha las máquinas para estudiarlo ya genera incertidumbre.
Y, lo peor, es que esta situación se puede alargar indefinidamente. Mientras tanto, recuerden, la Ley sigue vigente y hay que cumplirla. Como todas las demás, por otra parte.
