España es el único país de la UE que no ha aplicado la directiva europea que permite a los autónomos que facturen menos de 85.000 € quedar exentos de IVA
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado una denuncia formal contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por no aplicar la Directiva 2020/285, que debía entrar en vigor el pasado 1 de enero y que establece un régimen especial de exención del IVA —conocido como “IVA franquiciado”— para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros.
“Exigimos la implantación en España de un régimen real de simplificación del IVA para pequeños negocios, alineado con Europa, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento”, reclamó Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante un desayuno informativo en Jerez de la Frontera.
Un incumplimiento que resta competitividad
La denuncia de ATA subraya que España es el único país de la Unión Europea que no ha transpuesto esta directiva, infringiendo principios fundamentales del derecho comunitario como la efectividad, proporcionalidad, seguridad jurídica, libre competencia y no discriminación.
A juicio de ATA, esta inacción legislativa genera una desventaja competitiva evidente para los autónomos españoles frente a sus homólogos europeos, que sí pueden operar sin aplicar el IVA en sus facturas cuando no superan el umbral marcado.
La Directiva establecía dos plazos clave que España ha incumplido:
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31 de diciembre de 2024, fecha límite para la transposición legislativa.
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1 de enero de 2025, fecha de aplicación efectiva del régimen de exención.
Más trabas para los pequeños negocios
Desde ATA denuncian que la Ley del IVA en España (Ley 37/1992) no contempla ningún régimen de franquicia general en función del volumen de facturación. Esto impide a miles de autónomos optar a un tratamiento fiscal simplificado, y refuerza la sensación de inseguridad jurídica que afecta a sus actividades cotidianas.
“Los autónomos españoles son los únicos en Europa que no pueden acogerse al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros. No existe previsión legal, ni procedimientos adaptados para su control. Solo trabas y más trabas”, lamentó Lorenzo Amor.
ATA ha presentado esta denuncia en su calidad de organización representativa intersectorial, con legitimación para actuar en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores autónomos ante las instituciones tanto nacionales como europeas.
Ahora será la Comisión Europea la que deberá estudiar si inicia un procedimiento de infracción contra España por este retraso injustificado en la transposición de la normativa comunitaria. Mientras tanto, miles de pequeños negocios continúan asumiendo obligaciones fiscales que, en otros países, ya han sido eliminadas.
