La organización apoya los objetivos de descarbonización e impulso industrial de la Unión Europea, pero advierte de que la propuesta actual podría aumentar costes, generar incertidumbre y dificultar la transición hacia flotas de cero emisiones
Una ley para reforzar la industria europea
La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha solicitado a las instituciones europeas una serie de mejoras prácticas en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa impulsada por la Comisión Europea para reforzar la capacidad industrial de la Unión y acelerar el desarrollo de tecnologías limpias. La organización considera que, aunque los objetivos de la normativa son positivos, su redacción actual podría generar importantes dificultades para los operadores de transporte por carretera.
‘La Ley de Aceleración Industrial puede contribuir a las ambiciones industriales de la UE y a la descarbonización del transporte, pero solo si funciona en la práctica para los operadores de transporte por carretera’
La propuesta legislativa pretende fortalecer la base industrial comunitaria y reducir dependencias estratégicas mediante el impulso de inversiones en tecnologías limpias, la creación de áreas específicas para acelerar proyectos industriales y el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero.
Entre las medidas contempladas figura la promoción de productos con cadenas de valor vinculadas a la Unión Europea, incluyendo criterios de origen para determinados vehículos eléctricos utilizados en contratos públicos y programas de ayudas.
Sin embargo, la IRU advierte de que estas exigencias podrían tener consecuencias no deseadas para el sector del transporte, especialmente en un momento en el que muchas empresas están realizando importantes inversiones para avanzar en la electrificación de sus flotas.
Preocupación por el aumento de costes y la incertidumbre
Según la organización, la aplicación de requisitos más estrictos sobre el origen europeo de los vehículos eléctricos podría limitar la oferta disponible en el mercado, incrementar los costes de adquisición y dificultar el acceso a soluciones competitivas para muchas empresas, especialmente para las pequeñas y medianas compañías.
La directora de la IRU para la Unión Europea, Raluca Marian, señaló que los operadores están invirtiendo actualmente en vehículos eléctricos bajo las condiciones vigentes, pero alertó de que el horizonte planteado para 2035 genera dudas sobre la elegibilidad futura de estos vehículos en contratos públicos.
“Los operadores están invirtiendo en flotas eléctricas hoy en día, pero el límite propuesto para 2035 crea una gran incertidumbre sobre si estos vehículos seguirán siendo válidos para futuros contratos de servicio público”, afirmó.
La responsable añadió que retirar de forma prematura vehículos plenamente operativos supondría la creación de activos varados, incrementando los costes para las empresas y contradiciendo los principios de la economía circular.
La IRU considera que el éxito de la ley dependerá de que se mantengan condiciones de mercado equilibradas y se tengan en cuenta factores como los precios de los vehículos, la disponibilidad de suministro, los plazos de entrega y las necesidades reales de los operadores.
Asimismo, el documento de posición presentado por la organización reclama una mayor integración de las infraestructuras de transporte y una mejor conectividad entre las futuras áreas de aceleración industrial, elementos que considera esenciales para cumplir los objetivos de competitividad y descarbonización planteados por la Unión Europea.
Apoyo a la descarbonización con una visión realista
Pese a sus críticas, la IRU respalda la necesidad de impulsar tanto la industria europea como la transición hacia una movilidad más sostenible. No obstante, insiste en que las medidas deben diseñarse de forma que resulten viables desde el punto de vista económico y operativo.
“La Ley de Aceleración Industrial puede contribuir a las ambiciones industriales de la UE y a la descarbonización del transporte, pero solo si funciona en la práctica para los operadores de transporte por carretera”, subrayó Raluca Marian.
La organización continuará colaborando con los responsables políticos europeos durante la tramitación de la normativa con el objetivo de garantizar que el texto definitivo favorezca una transición asequible, competitiva y realista para el conjunto del sector del transporte por carretera.
