La organización pide al Gobierno mayor control sobre las grandes energéticas y medidas de alivio fiscal para autónomos y profesionales dependientes del transporte
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha mostrado su preocupación por la escalada del precio de los carburantes y de la electricidad tras el agravamiento del conflicto internacional en Oriente Medio. La organización considera que las grandes compañías energéticas están trasladando al consumidor incrementos de precios que, en muchos casos, no se corresponden con el coste real de adquisición de la energía.
Según los datos del sector analizados por UPTA, una parte significativa del combustible que actualmente se vende en las estaciones de servicio fue adquirido antes del agravamiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, el precio en surtidor ha experimentado subidas que en algunos casos superan el 20% respecto a los niveles previos al inicio de las tensiones internacionales.
Desde la organización advierten de que esta situación afecta especialmente a autónomos, transportistas, repartidores, agricultores y otros profesionales que dependen directamente del uso de vehículos o del consumo energético para desarrollar su actividad. El encarecimiento del combustible y de la electricidad impacta directamente en los costes de producción y reduce los márgenes de miles de pequeños negocios.
El peso de los impuestos en el precio de la energía
UPTA recuerda que una parte importante del precio final que pagan los consumidores corresponde a la carga fiscal. En el caso del carburante, alrededor del 46% o 47% del precio final está compuesto por impuestos, entre ellos el IVA (21%) y el Impuesto Especial de Hidrocarburos.
De forma aproximada, de cada 100 euros pagados en carburante, unos 54 euros corresponden al coste del producto, refino, transporte y margen empresarial, mientras que 26 euros se destinan a las comunidades autónomas, 19 euros al Estado y alrededor de un euro a entidades locales.
En el caso de la electricidad, la factura también incorpora diferentes conceptos que influyen en el precio final. Aproximadamente 42 euros de cada 100 corresponden al coste de generación y al margen de las compañías eléctricas, 33 euros a costes regulados del sistema, 21 euros a impuestos y **cuatro euros a otros conceptos.
Para UPTA, estos datos evidencian la necesidad de abrir un debate sobre la fiscalidad energética y sobre el comportamiento de las grandes empresas del sector en momentos de crisis internacional.
Reclamación de medidas urgentes
Ante esta situación, la organización ha pedido al Gobierno que actúe con firmeza frente a posibles prácticas injustas o especulativas que puedan distorsionar el funcionamiento normal del mercado energético y trasladar el peso de la crisis a los trabajadores autónomos.
Entre las medidas que propone UPTA destacan mayor transparencia en la formación de los precios de carburantes y electricidad, una supervisión más estricta por parte de los organismos de competencia, la aplicación de medidas temporales de alivio fiscal para sectores dependientes de la energía y la posibilidad de limitar beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas en contextos de crisis.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha sido especialmente crítico con la situación actual. “Ni los autónomos ni los trabajadores que necesitan sus vehículos para poder desarrollar su actividad podemos ser quienes paguemos la desmesurada avaricia de las empresas energéticas”, ha señalado.
Abad ha pedido al Ejecutivo que adopte medidas contundentes para frenar estas prácticas. “Pedimos al Gobierno que actúe frente a estas subidas que únicamente benefician la cuenta de resultados de un puñado de grandes empresas mientras miles de profesionales ven cómo aumentan cada día sus costes para poder trabajar”, concluye.
