El jurista advierte en Málaga que la norma es clave para desbloquear fondos europeos, aunque señala lagunas técnicas y posibles desequilibrios territoriales
La primera edición de Feria Bus, celebrada en Málaga, ha acogido un análisis exhaustivo del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (LMS) de la mano del jurista Fernando José Cascales Moreno, exdirector general de Ferrocarriles y Transportes. El experto definió la norma como “meritoria por su complejidad”, pero alertó del riesgo de un “exceso de intervencionismo” que podría afectar al equilibrio del sector.
Ante un auditorio formado por empresarios y operadores del transporte de viajeros por carretera, Cascales subrayó que la ley condiciona directamente la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation, vinculados a compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Un hito económico imprescindible para Europa
La aprobación de la LMS no responde únicamente a una voluntad política. Es, según el ponente, un requisito indispensable para el desembolso de fondos europeos dentro del marco de recuperación y transición hacia la neutralidad climática en 2050.
“Su aprobación es imprescindible para recibir la cantidad de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation”, afirmó Cascales durante su intervención.
La norma se enmarca en el paquete normativo europeo de movilidad, cuyo objetivo es transformar el sistema de transporte hacia modelos más sostenibles y eficientes.
Equilibrio territorial y dudas técnicas
Entre los aspectos positivos, el jurista destacó el mantenimiento del sistema concesional de explotación exclusiva, vigente desde 1924, como herramienta fundamental para garantizar servicios en la llamada “España Vaciada” y combatir la pobreza de transporte.
Sin embargo, advirtió sobre el nuevo mapa concesional estatal, que prioriza las conexiones entre capitales y grandes nodos, lo que podría dejar sin servicio directo a miles de poblaciones intermedias si no existe una coordinación precisa con las comunidades autónomas.
También mostró preocupación por la limitación de las subvenciones públicas al 50 % de los costes operativos, trasladando el resto a tarifas o aportaciones de otras administraciones.
En el plano técnico, Cascales señaló que la ley omite cuestiones transversales como el urbanismo, la fiscalidad del transporte o la desindexación de la economía española, lo que dificulta valorar adecuadamente los costes reales en el restablecimiento del equilibrio económico de las concesiones.
Además, lamentó que el texto no incorpore de forma clara el concepto de movilidad inteligente, dejando en segundo plano el papel de la inteligencia artificial en la reducción de emisiones.
Digitalización obligatoria y nueva gestión operativa
La norma impulsa una administración plenamente digital. La LMS establece la implantación obligatoria de la hoja de ruta digital en un plazo de diez meses desde su entrada en vigor, así como una mayor flexibilidad en la gestión del material móvil para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda.
La conclusión del experto fue clara: la Ley de Movilidad representa una oportunidad histórica para modernizar el transporte de viajeros por carretera, pero su eficacia dependerá del desarrollo reglamentario y de su capacidad para equilibrar sostenibilidad, cohesión territorial y libertad de elección.
En Málaga, el mensaje fue contundente: el sector afronta una transformación decisiva, con miles de millones en juego y un marco normativo que marcará su rumbo en las próximas décadas.
