sábado 2 mayo 2026

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Más de 40.000 camiones bloqueados por las protestas agrarias: el transporte, al límite

long row of trucks on a German highway

Las movilizaciones del sector agrario mantienen desde hace una semana paralizadas las principales vías de conexión con Europa, impidiendo el paso a decenas de miles de transportistas. Fenadismer denuncia la pasividad de los gobiernos ante una situación insostenible.

Las protestas agrarias que se están desarrollando en distintos puntos del país —y especialmente en los accesos a Francia— han dejado “secuestrados” a más de 40.000 camiones, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). La situación afecta especialmente a los transportistas que realizan trayectos internacionales, muchos de los cuales permanecen inmovilizados durante días en condiciones precarias.

Desde la organización califican la situación como un atentado al derecho fundamental de libre circulación de mercancías, asegurando que las protestas están siendo lideradas por grupos radicales minoritarios del ámbito agrario. Mientras tanto, critican la “total pasividad y complicidad” por parte de los gobiernos central, catalán y vasco, cuyas fuerzas de seguridad, afirman, “no están haciendo nada para solucionar el problema”.

Pérdidas económicas millonarias

Además del drama humano que viven miles de conductores retenidos, la situación está generando graves perjuicios económicos. Fenadismer estima que durante la última semana no se han podido transportar más de 5 millones de toneladas de mercancías, lo que amenaza con paralizar fábricas e industrias si los bloqueos persisten. Paradójicamente, una parte importante de las mercancías afectadas son exportaciones hortofrutícolas, procedentes precisamente del mismo sector que lidera las protestas.

Responsabilidades judiciales

Fenadismer advierte que, si no se produce una respuesta inmediata por parte de las administraciones para restaurar la normalidad, exigirá responsabilidades judiciales por la inacción de los poderes públicos. La organización reclama medidas urgentes para garantizar la seguridad y el libre tránsito, y proteger así a un sector clave para la economía española que se encuentra en una situación límite.

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