El sector insiste: cumple con la normativa y las sanciones responden a fallos administrativos
La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de Sevilla (Atedibús) ha alertado de que el 90% de las sanciones impuestas por la DGT en la última campaña de control no son imputables a las empresas, sino consecuencia directa de los retrasos en la tramitación de autorizaciones por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). La organización pide a la Junta de Andalucía mayor agilidad para evitar que los operadores sigan recibiendo multas que, según recalcan, “no deberían producirse”.
Según los datos difundidos por la DGT, del 60,2% de vehículos sancionados, el 30,4% (322 denuncias) se relacionan con la ausencia de la autorización especial para transporte escolar. Un documento que, según Atedibús, fue solicitado en tiempo y forma por todas las empresas, pero cuya expedición continúa paralizada por parte de la administración autonómica. “La responsabilidad no es del conductor ni de la empresa, sino de la Administración”, afirmó el presidente de Atedibús, Manuel Gutiérrez Zambruno.
‘La responsabilidad no es del conductor ni de la empresa, sino de la Administración’
El resto de las sanciones, un 20,9%, se debieron a supuesta falta de seguro de responsabilidad civil ilimitado. Sin embargo, Atedibús aclara que, en la mayoría de ocasiones, se trataba únicamente de que no se llevaba en el vehículo el último recibo, motivo por el que las denuncias acaban archivadas tras presentar la documentación.
Estas cifras demuestran, según la asociación, que el sector cumple estrictamente con todas las normativas, tanto en lo referente al estado de los vehículos como a la cualificación de los conductores y las normas de circulación. “Las campañas de tráfico solo han detectado irregularidades administrativas, ninguna de seguridad o mantenimiento”, subrayan.
Un problema estructural que se repite cada curso escolar
Atedibús denuncia que esta situación se repite año tras año, generando incertidumbre entre las empresas y deteriorando la percepción pública de un servicio “extremadamente sensible”. Por ello, exige “rigor y responsabilidad en la comunicación de los datos”, evitando mensajes que puedan poner en duda la profesionalidad del transporte escolar.
La asociación insta a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a resolver de forma urgente el atasco administrativo que está provocando las sanciones. “Ya está bien. Estas multas se podrían haber evitado, y no podemos seguir explicando a la autoridad que la responsabilidad no es nuestra”, concluyó Gutiérrez.
