La consultora Impulso by Pons, referente en gobernanza de la movilidad responsable, ha publicado un informe que advierte de cinco riesgos legales clave para conductores
A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada reemplazará al triángulo de emergencia en España. De este modo, un informe de Impulso by Pons advierte sobre cinco riesgos legales para quienes no cumplan con esta normativa, destacando la responsabilidad civil, penal y sanciones administrativas, ya que la seguridad vial es clave. Así, la consultora recomienda verificar la homologación y conectividad de las balizas V-16 antes de la fecha prevista y recuerda que la nueva normativa busca reducir el riesgo de atropellos en carretera y mejorar la respuesta ante emergencias mediante la geolocalización instantánea de los vehículos inmovilizados. De esta manera, Impulso by Pons insta a conductores y fabricantes a anticiparse a la nueva regulación, asegurando así el cumplimiento normativo, la seguridad de los usuarios y la confianza en la movilidad del futuro.
A menos de dos meses para la entrada en vigor de la obligación de usar la señal luminosa V-16 conectada, la consultora Impulso by PONS, referente en gobernanza de la movilidad responsable, ha publicado un informe que advierte de cinco riesgos legales clave para conductores, propietarios de vehículos, fabricantes e importadores que no cumplan con esta nueva exigencia de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Impulso by Pons insta a conductores y fabricantes a anticiparse a la nueva regulación, asegurando así el cumplimiento normativo
La DGT aprobó en marzo de 2021 la sustitución definitiva del triángulo de emergencia por la baliza V-16 conectada, que transmite la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0. A partir del 1 de enero de 2026, este será el único dispositivo autorizado para señalizar averías o accidentes en carretera.
Con más de 34 millones de vehículos asegurados en España, la entrada en vigor de esta medida supone, según Impulso by PONS, “un cambio de paradigma en la seguridad vial española”. No obstante, el desconocimiento o incumplimiento de la normativa puede acarrear importantes consecuencias jurídicas y económicas.
Los cinco principales riesgos legales identificados
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Responsabilidad civil directa. El conductor que no utilice una señal V-16 homologada puede ser considerado responsable de los daños ocasionados a terceros por falta de advertencia o visibilidad, lo que podría derivar en reclamaciones judiciales e indemnizaciones.
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Pérdida de cobertura aseguradora. En caso de accidente, las aseguradoras pueden excluir la cobertura si se demuestra negligencia grave por no señalizar adecuadamente. Esto permitiría a la compañía reclamar al asegurado las indemnizaciones pagadas a los perjudicados.
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Responsabilidad penal. Si la falta de señalización provoca lesiones o fallecimientos, la omisión puede ser considerada imprudencia grave, con posibles penas de prisión y retirada del carné de conducir para el responsable.
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Sanciones administrativas. Tanto el propietario como el conductor pueden ser sancionados: el primero por no dotar al vehículo del dispositivo obligatorio, y el segundo por un uso incorrecto. Las multas oscilan entre 80 y 200 euros, según el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación.
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Responsabilidad industrial y pérdida de buena fe. Los fabricantes, laboratorios e importadores que no cumplan la Ley de Seguridad Industrial 21/1992 se enfrentan a multas de 60.000 a 100 millones de euros y hasta cinco años de suspensión de actividad. Además, el conductor puede perder la presunción de buena fe si manipula el dispositivo o adquiere uno no certificado, agravando su responsabilidad en posibles litigios.
Una cuestión de seguridad y responsabilidad compartida
El informe subraya que el cumplimiento de la normativa no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la seguridad vial:
“La entrada en vigor de la señal V-16 conectada representa un hito en la seguridad vial española, pero también una gran responsabilidad para los titulares de más de 34 millones de vehículos que circulan hoy por nuestras carreteras”, señala el estudio de Impulso by PONS.
La consultora recomienda verificar la homologación y conectividad de las balizas V-16 antes del 1 de enero de 2026 y recuerda que la nueva normativa busca reducir el riesgo de atropellos en carretera y mejorar la respuesta ante emergencias mediante la geolocalización instantánea de los vehículos inmovilizados.
Con esta advertencia, Impulso by PONS insta a conductores y fabricantes a anticiparse a la nueva regulación, asegurando así el cumplimiento normativo, la seguridad de los usuarios y la confianza en la movilidad del futuro.
