El autobús es un pilar fundamental para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que se plantean en relación con la movilidad, el cambio climático, la descongestión y la calidad del aire, así como con la cohesión y el equilibrio territorial gracias a su capilaridad y tupida red de conexiones, que permite conectar a más de 8.000 poblaciones españolas diariamente.
Las empresas de transporte de viajeros por carretera son esenciales, ya que garantizan el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos cada día y el desarrollo económico en buena parte del país, asegurando el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y contribuyen de manera decidida al desarrollo de la principal industria de nuestro país, el Turismo, permitiendo la movilidad de los turistas por todo el territorio. En los últimos cinco años previos a la pandemia del Covid-19, más de 14.600 millones de viajeros han utilizado este modo de transporte, por lo que con estas nuevas tasas no solo se penalizaría al sector, sino también a los miles de usuarios diarios del mismo, que verían incrementado el precio del servicio.
Por otra parte, en el plano medioambiental, se trata del modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera y es únicamente responsable del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en España, por lo que las externalidades negativas asociadas al transporte por carretera en su conjunto, no les corresponden.
Igualmente, la tasa de siniestralidad del autobús es la más reducida de todos los modos de transporte por carretera, lo que le convierte en el modo más seguro de la carretera, según se desprende de los últimos datos recogidos por la Dirección General de Tráfico. En 2019, por primera vez en la historia desde que hay registros, se cerró el año con 0 víctimas mortales en autobús, aunque desafortunadamente, en 2020 lamentamos la pérdida de un viajero.
Para Confebus este anuncio por parte del Gobierno es contradictorio con el debate legislativo sobre la nueva Directiva de la Euroviñeta, donde el Consejo de la UE es partidario de dejar a la elección de los Estados miembros si la aplican a los autobuses o no, y donde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó que España también es partidaria de que los Estados puedan eximir del pago de ciertas tasas a autobuses, autocares y minibuses, teniendo en cuenta su papel estratégico para el equilibrio y la cohesión territorial.
Desde la presidencia de la Confederación, Rafael Barbadillo pide al Gobierno de España que no desincentive el uso del transporte colectivo a través del aumento de la presión fiscal a los operadores de transporte en autobús, ni otorgue un tratamiento más favorable al vehículo particular frente al transporte colectivo. Además, considera que esta media también nos haría perder competitividad como país turístico.
