En un momento en que vuelve a sobrevolar la idea de implantar el pago por uso de la red de carreteras en España, incorporada como medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo que agrupa a más de 30.000 compañías, quiere manifestar que la posible adopción de esta medida afectaría negativamente tanto al tejido empresarial español como al consumo.
La consecuencia directa de la introducción del pago por uso en las vías de alta capacidad sería un mayor coste del transporte por carretera que se trasladaría, de eslabón a eslabón, a lo largo de la cadena a los cargadores, a los productos y, en última instancia, a los consumidores.
El 50% de los km de carreteras en España corresponden a vías de alta capacidad por las que circula el 70% del tráfico (vehículos-km) de transporte de mercancías.
Esto supondría un aumento de costes del transporte de entre un 13% y un 9% en función de la tasa aplicada a los vehículos pesados, entre 19 céntimos /km -que es la tasa actual media de las autopistas de peaje- o de 14 c /km, que es la propuesta de algunas fuentes.
Este coste se trasladaría a las empresas cargadoras y en última instancia a productos, y supondrá una pérdida de competitividad de entre 1.400 y 1.900 millones de euros al año en los productos de consumo.
Además, la medida no sólo afectaría al consumo interno,sino que también debilitaría de manera importante las exportaciones españolas. Es importante recordar que España es un país periférico y que quienes mayoritariamente utilizan nuestras infraestructuras son las propias empresas españolas, no las empresas en tránsito.
Actualmente el 47% en valor de las mercancías exportadas por España se realiza por carretera. Por tanto, el pago por uso en las vías de alta capacidad supondría una pérdida de competitividad para las propias empresas que tienen como foco la exportación, ya que vería cómo el aumento del precio del transporte hace que se encarezcan sus productos frente al de otros competidores. Por ejemplo, los exportadores murcianos tendrían un coste adicional entre 100 y 140 euros por viaje de ida, y lo mismo de vuelta y los de Palos de la Frontera de entre 150 y 200 euros.
Por tanto, el pago por uso de las carreteras sería un nuevo impuesto a las mercancías, ya que no existe una alternativa.
El ferrocarril, aunque todos deseamos su crecimiento, no es una alternativa real, teniendo en cuenta que el viaje medio de un transporte en España es de 150 km y que el transporte por ferrocarril sólo puede rentabilizarse en largas distancias. Además, el calendario de las nuevas infraestructuras como las del Corredor del Mediterráneo, el del Sur o las autopistas ferroviarias no facilita que exista una alternativa.
El pago por uso de las autovías tendrá también un impacto negativo en la siniestralidad por el traspaso del tráfico pesado a las vías secundarias, una vuelta atrás a la mejora de las cifras.
Por ello, en un momento de clara necesidad de recuperación de la economía, AECOC considera que debe evitarse cualquier medida que lastre la competitividad de las empresas, por lo que el transporte de mercancías debería quedar eximido de un posible tributo por el uso de las autovías.
El sector precisa de medidas consensuadas y pactadas entre administraciones, cargadores y transportistas para poder ofrecer a nuestra economía y sociedad un transporte de calidad, eficiente y altamente competitivo.
