Dos son las cuestiones fundamentales que se abordan en el acuerdo: mejorar las condiciones sociales y laborales de nuestros trabajadores y conseguir que la viabilidad económica de nuestras empresas sea posible, sin tener que recurrir a fórmulas imaginativas, todas ellas fraudulentas en mayor o menor medida. En el Real Decreto, que entrará en vigor en febrero, se incluyen una serie de medidas encaminadas a mejorar de manera muy importante en estos dos aspectos y que nos hacen vislumbrar la posibilidad real de un Transporte sostenible a medio y largo plazo.
Una vez alcanzado este acuerdo y siempre tomándolo como referencia de inicio, como un nuevo escenario, el siguiente paso no puede ser otro que el de llevar un seguimiento exhaustivo de la implementación de las medidas acordadas sobre el papel, de modo que se plasmen en la práctica de manera mayoritaria. De nada sirve lo firmado si no se cumple, bien lo sabemos los transportistas. Así pues, desde el Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera, a cada una de las Federaciones allí representadas, nos queda mucho trabajo por hacer, pero esta vez lo vamos a hacer desde la unidad del Sector y con la convicción de la decisiva labor que ahora nos toca llevar a cabo.
Nos queda mucho trabajo por hacer, pero esta vez lo vamos a hacer desde la unidad del Sector
Los objetivos para este nuevo año son, en consecuencia muy claros: impulsar los procesos de transformación desde nuestras asociaciones y ser vigilantes respecto al cumplimiento y la efectividad de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado con el Ministerio.
La experiencia nos dice que, en nuestro Sector, es muy frecuente que las condiciones en las cuales se produce el servicio de transporte, poco o nada tienen que ver con la normativa en vigor. Así viene ocurriendo en todo lo relativo a la manipulación de la mercancía por parte de nuestros conductores, casi siempre de manera obligada y no remunerada (lo que se conocía como esclavitud en tiempos pretéritos). Lo mismo ocurre con la cláusula del gasóleo o con las (malas) condiciones que tienen que soportar nuestros profesionales en las zonas de carga y descarga, en forma de larguísimas esperas y, en demasiadas ocasiones, sin los servicios necesarios (aseos, baños, comedor o salas de espera acondicionadas).
Punto de inflexión
Pero 2022 tiene que ser también un punto de inflexión para las empresas de transporte. Las grandes, las medianas, las más pequeñas y hasta el autónomo, tienen que tomar el testigo y comenzar a reclamar en el mercado lo que la normativa, ahora renovada, les permite. De nada serviría haber alcanzado un acuerdo de este calibre si después seguimos siendo timoratos y poco profesionales. Este 2022 tiene que ser el año en el que enterrar para siempre eso de que si no lo hago yo en esas condiciones, vendrá otro que lo hará. Todos, transportistas y cargadores, tenemos que aprender a negociar los términos de nuestros contratos y, por supuesto, después tenemos que cumplir con lo acordado. Debemos abandonar definitivamente la vía de la imposición unilateral para alcanzar juntos un mínimo de seguridad y trasparencia en nuestras relaciones.
Por nuestra parte, las Asociaciones tenemos que hacer una intensa labor didáctica para que todos y cada uno de nuestros asociados sean capaces de comprender el alcance de estas medidas y, sobre todo, cómo materializarlas. Tenemos la obligación de acompañarles en este proceso y asegurar que tengan toda la información y la formación necesarias para afrontar con garantías la trasformación de nuestro Sector.
Y sí, también esta lo de la digitalización, la descarbonización, las zonas de bajas emisiones, etc. En esto también tenemos que seguir avanzando; eso sí, sin olvidar que la viabilidad económica y social son la clave para conseguir la sostenibilidad medioambiental.
