El órgano previsto desempeñará la función actual de establecer tres comités para la investigación de accidentes e incidentes en el transporte marítimo, ferrocarril y aviación civil; gozarán del más alto grado de independencia las competencias ejecutivas existen en el derecho administrativo español: dar cifras de administraciones independientes.
La nueva Autoridad tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera
La nueva autoridad tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera (sus fuentes de financiación incluyen el cobro de cuotas de participación y la seguridad de los medios de transporte) frente a la comisión existente, que sólo goza de independencia funcional.
Además, a través de la nueva estructura planificada, se han optimizado los recursos para temas específicos sin comprometer la especialización: personal asignado para realizar investigaciones e informes, organizado en unidades especializadas para cada método transporte.
El nombramiento de las personas que integrarán su Consejo se realizará por real decreto y, en todo caso, con intervención previa de la Comisión competente del Congreso de los Diputados: el nombramiento de la persona titular de la Presidencia de la Autoridad requerirá la conformidad de dicha comisión parlamentaria, que también podrá vetar a las personas candidatas a consejero o consejera.
Profesionales con prestigio
Los nombramientos se realizarán con una previa propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Estas propuestas no tendrán valor vinculante, pero la decisión se tomará en consideración para efectuar la selección.
Las personas que formen parte del Consejo deberán realizar sus funciones con dedicación exclusiva, y estarán sometidas a un estricto régimen de incompatibilidades, en las que se incluye la prohibición de realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad durante los dos años siguientes a su cese.
Por otra parte, la Ley también establece el régimen jurídico de la investigación técnica de accidentes e incidentes desde tres aspectos de Transporte, incorporando en un solo documento la normativa vigente en la industria en este campo basado en principios, el propósito de las investigaciones de ingeniería de accidentes e incidentes es aclarar las causas y hacer recomendaciones para mejorar.
Régimen Jurídico
Sin perjuicio de la existencia de información reservada, debe protegerse un ordenamiento jurídico basado en los principios de transparencia y participación de los interesados de acuerdo con lo establecido por la normativa europea e internacional y recomendado por importantes instrumentos internacionales.
En este sentido, cabe señalar que el proyecto de ley prevé un sistema de información específico para víctimas, familiares y asociaciones de víctimas que encuentren su situación jurídica en realizar un estudio técnico de la situación actual.
