Uno de los focos de la ley es la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Transporte: un mecanismo estable de financiación del transporte público nacional que utiliza impuestos verdes para promover el transporte sostenible. El grupo ecologista propone que el fondo se nutra de aportaciones de peajes de autopistas, impuestos a transportes contaminantes (como la aviación) o grandes generadores de movilidad para repercutir en más y mejor transporte público.
Greenpeace le pide al gobierno que sea consistente en su inversión
Esta necesidad es parte de una serie de donaciones que Greenpeace está enviando a Mitma en 2020. La propuesta tiene como objetivo lograr un modo de viaje socialmente equitativo que busque reducir las emisiones del transporte, que actualmente representan el 29% de las emisiones globales de dióxido de carbono. El texto contiene gran parte de la contribución de Greenpeace durante la fase de audiencia preliminar, lo que demuestra que los estándares técnicos están cada vez más alineados con los principios del transporte sostenible. Por eso, Greenpeace le pide al gobierno que sea consistente en su inversión, ya que los lineamientos propuestos por Mitma en esta ley de tránsito podrían estar en línea con una industria automotriz fuerte en el pago de peajes de autopistas, peajes urbanos o impuestos verdes.
Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad más limpio y accesible, pero cuando toca repartir fondos la mayor parte se la llevan los fabricantes de coches, perpetuando así un modelo dependiente del coche, que se ha demostrado insostenible con el clima y que deja fuera a gran parte de la población, ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace. Inversiones necesarias y valientes como los 1.500 millones de Fondos Next Generation para conseguir ciudades con menos coches se quedan cortas si las comparamos a los 3.000 millones de dinero público destinado al Perte de la Automoción.
Principales propuestas
Una vez presentado el primer borrador, la nueva ley debe presentarse al público, luego inicia un diálogo y aportes para mejorar el texto presentado. A la espera del texto final, Greenpeace quiere destacar otros puntos del texto legal que, de aprobarse, serán fundamentales para posibilitar el nuevo modelo de movilidad.
– Se reconoce la movilidad sostenible, equitativa e inclusiva como un derecho colectivo de los ciudadanos para lograr una mayor cohesión social y territorial, promover un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire.
– Se formularon normas específicas para la planificación, evaluación y gestión racional de la infraestructura, abandonando las típicas políticas de ladrillos y cemento de la burbuja inmobiliaria, apuntando a la infraestructura, y finalmente conformando una red de supercarreteras y aeropuertos baldíos.
– Greenpeace valora positivamente que, por fin, se mencione en una ley la necesidad de financiar la red viaria con criterios ambientales (quien contamina paga) acabando con la anomalía del caso español frente al resto de países europeos.
