La puesta en marcha de esta mesa de gobernanza, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en octubre del año pasado en la Junta Directiva de la Asociación durante el Automobile de Barcelona, y que el pasado miércoles ha aprobado e impulsado en un acto dentro del Global Mobility Call forma parte de las medidas identificadas por Anfac como impulsoras del despliegue de infraestructura de recarga.
3 millones de eléctricos en 2030
Por su parte Wayne Griffiths, presidente de Anfac, ha querido destacar que: esta medida será un elemento clave para consolidar el despliegue y el impulso de la movilidad eléctrica en nuestro país. Además, ha remarcado que la creación de una mesa de gobernanza es una herramienta necesaria para coordinar y garantizar que el necesario despliegue de infraestructura de recarga se realiza de una forma adecuada y ordenada. Y finalmente ha mencionado que la implicación de la administración pública es fundamental para lograr que el vehículo electrificado sea una realidad en España, a través de la constitución de este tipo de órganos que fijen una figura central que supervise y garantice que las medidas son eficaces y los objetivos se están cumpliendo.
Retos a corto y largo plazo
Anfac afirma que este año se debería alcanzar un mercado de 120.000 vehículos eléctricos y una infraestructura de 45.000 puntos de recarga, duplicando el récord del año anterior y triplicando para alcanzar este hito en 2022. Lograr una flota electrificada de 3 millones de vehículos especialmente eléctricos en 2030 , según lo previsto en el Pniec y en línea con los compromisos europeos de reducción de emisiones.
Por último, Wayne Griffiths ha señalado que nos enfrentamos a exigentes objetivos de reducción de emisiones donde el despliegue de una red con suficiente capilaridad, cantidad y calidad en todo nuestro territorio es esencial para darle al usuario la plena seguridad de uso de su vehículo electrificado. Por ello, esta mesa de gobernanza tiene que servir de plataforma para coordinar este despliegue y, al mismo tiempo, para superar ciertas barreras administrativas y regulatorias que ralentizan un rápido despliegue de los puntos de recarga.
