En 2016, el 71,5% de los votantes del condado de Los Ángeles aprobaron la «Medida M», un impuesto sobre las ventas de medio centavo que genera al año 860 millones de dólares (817 millones de euros) para proyectos que incluyen la reparación de calles y aceras locales, vías verdes y una mejor oferta de viajes activos, nuevas líneas de ferrocarril y metro y subvenciones a las tarifas para estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad.
En Viena (Austria), el precio del abono anual se redujo a 365 euros (un euro al día para una movilidad ilimitada en transporte público) con una versión rebajada para las personas mayores. Las empresas pueden comprar el billete para sus empleados y solicitar una deducción fiscal. En 2019, cerca de la mitad de la población adulta de Viena utilizaba el abono anual y la cuota modal del transporte público ha aumentado hasta el 38%.
Puesta en valor
Son solo algunos de los ejemplos que recoge el último informe de la UITP, coordinado por Jonathan Bray, director del Grupo de Transporte Urbano (UTG) y con la participación del español Joan Bigas (AMB), acerca de los posibles beneficios que proponen a las ciudades las autoridades de transporte. Dice el informe que, en todo el mundo, estas autoridades mantienen las áreas metropolitanas en movimiento día tras día, al tiempo que siempre miran hacia el futuro para mejorar el servicio que prestan y cómo pueden gestionar los cambios sociales, económicos y medioambientales.
El transporte público, la movilidad colectiva y los desplazamientos activos también pueden ayudar a abordar los retos más amplios a los que se enfrentan las ciudades y las áreas metropolitanas, entre los que encontramos el abordar la exclusión social proporcionando un acceso asequible a las oportunidades, reducir las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica, contribuir a una mayor resiliencia climática urbana, y apoyar las economías urbanas reduciendo la congestión y creando lugares en los que la gente realmente quiera pasar su tiempo.
Sin embargo, el informe reconoce que el transporte urbano conlleva sus retos, desde la financiación de las infraestructuras hasta la facilitación de los desplazamientos para las diferentes necesidades de los usuarios, pasando por la competencia y la regulación de las nuevas formas de movilidad. Las autoridades de transporte público están ahí para abordar las complejas cuestiones, lograr el delicado equilibrio con recursos limitados y prestar servicios que sirvan a zonas urbanas dinámicas y en evolución.
Su enfoque holístico de la movilidad sostenible garantiza que la toma de decisiones implique a múltiples partes interesadas, de modo que el transporte evolucione de un enfoque totalmente orientado al mercado a un enfoque integrado. Y nos muestra, con ejemplos como los de Nottingham, Los Ángeles y Viena, cómo el transporte público beneficia a todos.
Este extenso informe, cuya elaboración ha llevado tres años y que fue presentado esta misma semana pasada en el Comité de Autoridades Organizadoras de París, expone las numerosas ventajas de contar con una autoridad de transporte.
Guía práctica
«Autoridades de transporte para áreas metropolitanas: Los beneficios y las opciones en tiempos de cambio», que así se titula el documento, ofrece una guía para aquellas áreas metropolitanas que estén contemplando la posibilidad de crear una autoridad de transporte o para los operadores que necesiten una base para abogar por servicios coordinados. El Informe reconoce igualmente que ninguna ciudad es un lienzo en blanco en el que se pueda imponer un tipo de gobernanza.
La cuestión urgente en la que se centra este informe es cómo se organiza mejor el transporte para conseguir organizar un transporte inteligente en beneficio de las ciudades.
Dados los enormes y complejos retos en materia de transporte a los que se enfrentan las áreas metropolitanas de todo el mundo, muchas están estudiando cómo pueden planificar y hacer funcionar el transporte en el futuro de forma más coordinada, afirma Bray, al tiempo que añade que el papel de las autoridades de transporte es apoyar unas áreas metropolitanas prósperas, sostenibles y resistentes. Trabajan para garantizar la prestación de los mejores servicios de transporte público, teniendo en cuenta los objetivos de las políticas públicas y las necesidades de los ciudadanos.
