17,4 millones destinados al transporte público de viajeros
Consenso entre Junta y Ministerio por el anticipo
La Junta de Castilla y León realizó un anticipo de 4,5 millones de euros a los concesionarios de transporte público de viajeros por carretera convencional para paliar el déficit de explotación del servicio durante el año, que se suma al anticipo de 12,9 millones de euros de finales del año pasado. El consejo, celebrado el pasado jueves 1 de septiembre, autorizó subvenciones directas a los operadores de franquicias que operan actualmente en la Comunidad para hacer frente a los costes de la subida del precio de los carburantes y la inflación.
Este año la Junta de Castilla y León se ha esforzado en poner en marcha medidas encaminadas a promover y garantizar unas condiciones de viaje seguras y sostenibles como elemento imprescindible para el acceso a otros muchos servicios, por lo que ha apostado por mejorar las condiciones de vida en Castilla y León la calidad del transporte que la gente acepta, especialmente en las zonas rurales. Sus prestaciones vienen determinadas por la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, declarada de servicio público interurbano, metropolitano y de demanda, adaptada a las necesidades reales de cada zona, por lo que corresponde a la administración pública asegurar que sea una adecuada sostenibilidad económica y financiera.
Por eso, el Ministerio de Movilidad y Transformación Digital ha impulsado la prórroga de este anticipo, que fue aprobado en diciembre de 2021 y está previsto que se vuelva a hacer con la misma cantidad antes de que finalice el año, cuando se hará una liquidación para ver lo que realmente está pasando en 2022. El déficit y la contribución final que debe hacer el autogobierno, neto de avances.
Finalmente, cabe recordar que el transporte autonómico, que registró más de nueve millones de usuarios sólo durante el pasado ejercicio, ha podido mantener el 100% de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes y preservar la actividad económica y el empleo en todo el territorio, gracias a una aportación de la Junta de Castilla y León de más de 98 millones de euros desde el año 2018.
