El aumento del precio de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30 % de los costes de la actividad de transporte, a lo que debe añadirse el incremento de otras partidas de su estructura de gastos (neumáticos, lubricantes, etc.), circunstancias que menoscaban un ejercicio de la actividad digno, sostenible económicamente y eficiente en el contexto económico general. En el caso del transporte de viajeros, su viabilidad económica también aparece amenazada por las dificultades que atraviesa este sector para recuperar el nivel de demanda de usuarios registrado en la etapa prepandémica.
Así, las bases reguladoras contenidas en esta Orden presentan como objetivo clave, dentro del citado escenario, promover la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sector económico especial e intensamente afectado por el encarecimiento de los precios de la energía, dada la dependencia cotidiana que dicha actividad tiene respecto del consumo de carburantes para su eficaz y eficiente desarrollo dentro del tejido económico al que sirve, advirtiendo una importante dificultad para que el coste soportado en la partida energética pueda ser trasladado, vía precio del contrato, a sus respectivos clientes.
Los destinatarios de estas ayudas son las personas físicas y jurídicas prestadoras de un servicio de transporte público de mercancías o de viajeros en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Según se recoge en la Orden, la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania ha incidido de manera alarmante en el sector de la energía, agravando una alteración ya manifestada previamente por continuas oscilaciones e incrementos en la subida del precio de algunas fuentes energéticas, como el gas natural y el petróleo, en el contexto de un mercado caracterizado por la incertidumbre de su desarrollo, dado el desajuste entre oferta y demanda, y el impacto que provocan los síntomas del cambio climático a nivel global.
Como consecuencia de esta realidad, el encarecimiento de la energía ha afectado considerablemente a otros sectores económicos muy dependientes de este elemento para su funcionamiento, como es el caso del transporte, que ha visto profundamente transformada su estructura de costes por mor de la citada subida del precio de los combustibles. Constituye un dato significativo, en este contexto de tensión al alza de los precios del gas natural, de los carburantes y los alimentos, el hecho de que el precio del gas natural, cuyo índice, dentro del mercado eléctrico europeo, determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco desde principios de 2021, a lo que ha de añadirse que el petróleo, por su parte, casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales de febrero de 2022.
Concluyendo que asistimos a un escenario caracterizado por una agudización del incremento generalizado de costes de las materias primas y de los bienes intermedios, que se suma a la situación de desequilibrio entre oferta y demanda en las cadenas de producción, a causa de la rápida recuperación económica tras la eliminación de las medidas restrictivas motivadas por la pandemia, generando todo ello una evolución económica caracterizada por una elevada tasa de inflación y una ralentización del crecimiento productivo. Frente a esta situación de crisis, se ha decidido adoptar esta medida para poder dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales que esta situación está provocando.
En este sentido, el apoyo al ámbito del transporte público se concreta en la definición de un paquete de ayudas directas, cuya cuantía, para cada organización empresarial, se concretará en función del número de vehículos adscritos a la autorización de transporte público correspondiente de que disponga la beneficiaria, y del carácter de la actividad del transporte, especialmente en el caso de empresas dedicadas a la actividad de transporte de mercancías o de viajeros en vehículos pesados, dado el mayor consumo que demanda esta tipología de material móvil. Así pues, las ayudas públicas a la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público se pretenden articular a través de una subvención en efectivo que proporcione liquidez a las mismas y colabore a paliar el gasto al que se ven sometidas las organizaciones por cuenta de la partida de consumo de carburantes.
