TMB como operador integral de movilidad
Una nueva ley de transporte sostenible ya está en el parlamento y debería entrar en vigor a finales de 2023. En este proceso legislativo, expertos de la industria y empresas participan en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara de Diputados. El director general de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), Gerardo Lertxundi, ha acudido esta mañana a destacar los principales problemas, que ha calificado de «necesarios, urgentes y a considerar con lente metropolitana», recordando que «España tiene uno de los mejores sociedades, sistemas de transporte en el mundo, pero no gobierna con estas cualidades. Lertxundi ha justificado la ley «tengo que considerar que no hay una única solución para los viajes colectivos» y por tanto «la ley tiene que tener en cuenta esta diversidad».
Entrando más en el contenido de la ley, el consejero delegado de TMB ha considerado fundamental una «visión de un sistema nacional de movilidad sostenible», la creación de herramientas y espacios sobre esta movilidad y medidas de planificación estratégica para la misma. Concretando más, Lertxundi ha señalado que en el transporte público y en la nueva ley debe ser importante la intermodalidad así como recoger aspectos sobre movilidad en las zonas rurales (o de baja densidad), el transporte a la demanda, el coche compartido o el carsharing.
Financiación del transporte
En cuanto a la financiación, Lertxundi recuerda que, al margen de la ley catalana de transporte público de 2015, «España es el único país de Europa occidental donde no está regulada la financiación del transporte público», pero España no tiene capacidad para generar impuestos cifras lo que garantizaría su financiación, porque la competencia depende del Estado. Por lo tanto, la nueva ley debe incluir «nuevas fórmulas tributarias y ajustes a las fórmulas tributarias existentes para mejorar la financiación del transporte público». Y en este sentido, ha señalado que «el transporte público se encuentra en una situación muy complicada por las grandes dificultades económicas» por diversas razones, como el aumento de los costes energéticos, de personal y materiales provocados por la subida del IPC, las demandas ciudadanas y los continuos mejoras administrativas.
El consejero delegado de TMB ha destacado que la nueva ley «sí recoge la creación del fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible» lo que ha calificado de muy positivo pero advirtiendo que deberían marcarse «objetivos o valor mínimos de aportación y que una cifra razonable podría ser que el Estado asumiera un 20% de las necesidades globales del sistema de transporte público. Lertxundi también ha explicado que «la ley fija un 25% mínimo de aportación tarifaria» pero «si queremos garantizar la sostenibilidad económica de la red de transporte público, sugerimos como objetivo incrementar esta cifra».
«Más del 60% de los desplazamientos al transporte público» que se realizan en el conjunto del área metropolitana. Además, ha recordado el impacto económico de TMB, según un reciente estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), donde se establece que cada euro que las administraciones aportan a los viajeros y viajeras de TMB se genera un regreso a la sociedad de 6,5 euros. En este sentido ha insistido en que «cada euro que se aporta al transporte público es una inversión y no un gasto».
