El sector del transporte de viajeros por carretera fue de los más castigados por la crisis; por la paralización abrupta y total de su actividad, su alto grado de endeudamiento por las grandes inversiones en vehículos y la falta absoluta de ayudas. Estas ayudas, tras mucho trabajo y negociación, se logró que se asignaran al segmento del autobús discrecional, clave en la industria turística de Andalucía, pero los profesionales siguen sin recibirla, más de un año después de haber sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En estos 14 meses, la tramitación de las mismas ha sido un auténtico galimatías burocrático para las empresas, teniendo que cambiar las bases de la convocatoria; por ser contrarias a derecho, solicitando una ingente cantidad de documentación a las empresas y dándose muchas dificultades para los registros y notificaciones. 700 euros por autobús eran insuficientes y menores que en otras comunidades autónomas, la ineficacia de las mismas para compensar pérdidas y falta de ayudas durante la pandemia está siendo total. Según vemos, parece que la recuperación económica es un hecho y la actividad es ya casi como en 2019, pero la realidad de muchas empresas claves para Andalucía es otra bien distinta, comentó Manuel Gutiérrez, presidente de Atedibus.
Ayudas para transformar la flota en sostenible
Otra de las peticiones del sector a la Junta de Andalucía es la llegada de las ayudas para la renovación y descarbonización de flotas en empresas de transporte de viajeros. El Ministerio de Transportes activó la transferencia entre 2021 y 2022 de más de 370 millones de euros a las comunidades autónomas para renovar la flota con vehículos más sostenibles y que redujeran su huella de carbono. Tampoco sabemos nada de estas ayudas que aliviarían a los empresarios a la hora de renovar flotas y adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales que rigen ahora los mercados, apuntó Manuel Gutiérrez. Las ayudas están destinadas a tres grandes facetas en la descarbonización de la flota.
La primera al achatarramiento de vehículos adscritos a una autorización de transporte y matriculados en España con anterioridad al 1 de enero de 2019; esperando descartar unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses, para reducir las emisiones de CO2 de 600.000 toneladas al año. La segunda a subvencionar hasta 2.000 camiones y 500 autobuses eléctricos puros, de emisiones cero en todo el periodo del programa. Esto supondrá un incremento sobre los datos actuales de más del 300% en camiones y doblar la tasa de autobuses. Y una tercera a la modificación de la forma de propulsión de vehículos desde combustibles de origen fósil (diésel, gasolina o gas) a vehículos cero emisiones, eléctricos o de hidrógeno.
