Sin embargo, el debate de la llegada de estas tasas, tanto urbanas como interurbanas, está ocupando un lugar cada vez más relevante en las distintas agendas políticas. Es lo que tienen los tiempos electorales, a los que nos estamos acostumbrando en nuestro país.
Comenzando por las ciudades, el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible ya contemplaba la posibilidad de que los Ayuntamientos pudieran cobrar por acceder a su parte central. En principio, se pensaba en los turismos, pero los autocares discrecionales han entrado en escena justo lo que le faltaba a los operadores. Veremos cuándo y de qué manera finaliza el proceso de esta Ley, si es que se retoma.
Y, por si fuera poco, parece que en apenas dos años, los peajes también entrarán en vigor en las vías interurbanas de alta capacidad. Tanto la oposición como Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, han reiterado que estas tasas no pueden retrasarse más de dicho plazo, porque comprometería la llegada de algunos fondos europeos a nuestro país.
Consenso ¿necesario?
El Departamento de Mercancías del CNTC mantiene vivo un compromiso del Gobierno (que adquirió el anterior y éste ha respetado) de no implantar los peajes sin consenso con el Sector. Pero se podría producir un cambio de inquilino en la Moncloa, lo que provocaría que las Asociaciones tuvieran que volver a negociar el compromiso.
Sabríamos, entonces, la veracidad de las afirmaciones de Seopan, que lleva años pensando en su propio beneficio y reclamando, en cualquier ocasión que se le presenta, el pago por uso de las infraestructuras.
Si el transporte de viajeros (y de mercancías, por supuesto) se reconoce como una actividad esencial para la sociedad y la economía, no tendría sentido ponerle palos en las ruedas encareciendo sus operaciones, porque eso mermaría su competitividad y, a la largo, repercutiría sobre los usuarios.
Pero, como decimos, en tiempos electorales, es difícil saber a qué atenerse. La respuesta, posiblemente ya después del verano.
