Tanto el abono único como la implantación de tarifas integradas en ciertas áreas metropolitanas existentes, así como los descuentos aplicados hasta ahora en España, necesitarán subsidios públicos para comenzar. Sin embargo, cuanto mejor se implemente más personas lo comprarán y, por lo tanto, la necesidad de subsidios públicos se reducirá después de un tiempo.
Las subvenciones al transporte público en España se financian con los ingresos generales del sector público, sin que existan, salvo excepciones, impuestos o tasas afectadas a dicha financiación. Eso quiere decir que los fondos destinados a financiar el transporte deben competir con otros gastos públicos. Si además tenemos en cuenta las fuertes restricciones presupuestarias de los Gobiernos locales, que limitan de forma significativa su capacidad de endeudamiento, la financiación de las subvenciones al transporte público resulta cada vez más difícil.
Fuentes de financiación novedosas
Por ello, resulta especialmente importante buscar nuevas fuentes de financiación que permitan por un lado aumentar los recursos destinados a cubrir las subvenciones al transporte público y, por otro lado, dar las señales apropiadas, desde un punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, respecto al uso del transporte. Una de las vías es aprobar Ley de Movilidad Urbana Sostenible, cuyo anteproyecto está en revisión, ya que recoge la creación de un Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad (FESMO) cuyos recursos estarán constituidos por las cantidades que anualmente se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, así como por otros ingresos provenientes de impuestos u otros tributos según se determine en las correspondientes normas con rango de ley. Aunque es cierto que el anteproyecto de ley no especifica las diferentes vías de financiación del dicho fondo y sólo se refiere al transporte urbano.
En cualquier caso, y sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario que pudiera detallar el funcionamiento de este mecanismo, sería conveniente especificar qué ingresos deberían dotar dicho fondo y sería la oportunidad para un nuevo sistema de financiación que favorezcan el uso de los modos de transporte más sostenibles pudiéndose favorecer la implantación del abono único de transporte.
Por ejemplo, mientras se determinan cuáles pueden ser esas fuentes de financiación definitivas, puede ser útil como punto de partida la capacidad de financiación que se ha mostrado en estos dos últimos años, basándonos en ejemplos como el de los descuentos actuales o el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para el transporte de carretera.
Alternativas
Las alternativas a la financiación directa por el usuario pueden englobarse en tres categorías:
-Quien contamina paga: aquellos que causan un problema deben pagar por los costes generados a la comunidad. La compensación pagada puede emplearse para financiar el sistema y financiar los transportes menos contaminantes como, por ejemplo, el uso de los ingresos del impuesto alemán sobre carburantes para financiar el transporte público o las tasas medioambientales que gravan el uso y posesión de vehículo privado.
-Quién se beneficia paga: aquellos que obtienen un beneficio por un servicio de transporte público deben cubrir sus costes. Así, los empresarios y comerciantes obtienen un beneficio de los servicios de transporte público que les permiten acceder a un mercado de trabajo y a un mercado de negocio más amplio, respectivamente. El impuesto francés sobre el transporte (Versement Transport) obliga a los empresarios con más de once trabajadores a participar en la financiación de las inversiones y de la explotación del transporte público (y además en París deben reembolsar a sus empleados la mitad del coste de su abono de transporte).
-Todo el mundo paga: a través de impuestos locales o nacionales, independientemente de que sean o no usuarios del transporte público. Normalmente ésta es la principal fuente de financiación externa. La realidad muestra que, en la práctica, la financiación del transporte público es una composición de estos mecanismos. Los esquemas de tarificación viaria (road pricing) contienen elementos de los principios quien contamina paga y quien se beneficia paga.
Los vehículos que provocan la congestión pagan una tarifa por el uso de las carreteras y también se benefician de una carretera menos congestionada. Los ingresos procedentes de la tarificación viaria pueden proporcionar más fondos para invertir en transporte público, a la vez que apoyan a través de una medida contundente el cambio modal hacia el transporte público, lo que a su vez aumenta los ingresos tarifarios del mismo.
