La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha reclamado la eliminación definitiva del impuesto a la producción eléctrica (IVPEE) a partir del 1 de enero de 2025, argumentando que resta competitividad a la industria española frente a otros países de la Unión Europea. Esta petición cobra fuerza ante el superávit de 3.902,9 millones de euros registrado por el sector eléctrico en 2023, superando con creces las previsiones iniciales.
Un impuesto que frena la competitividad y la descarbonización
El IVPEE, que incrementa un 7% el precio mayorista de la electricidad, supone una carga de 1.100 millones de euros anuales para los contribuyentes del sistema eléctrico, alcanzando en ocasiones picos de hasta 1.600 millones. Según Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, mantener este gravamen es una desventaja frente a otros Estados miembros de la UE y obstaculiza la electrificación industrial, fundamental para avanzar en la descarbonización.
Reinoso también destacó que la eliminación del impuesto permitiría ofrecer una señal clara a los inversores industriales, incentivando así la transición energética y la modernización de los sectores productivos.
Contexto europeo y la presión de los costes energéticos
El informe Draghi de la Comisión Europea señala que los costes eléctricos en la UE son entre dos y tres veces más altos que en Estados Unidos, debido a la volatilidad de precios y la heterogeneidad regulatoria. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado la necesidad de reducir los impuestos sobre la energía para mejorar la competitividad industrial en el continente.
En España, el recién aprobado Anteproyecto de Ley de Industria incluye medidas de apoyo a los sectores intensivos en energía, pero la Alianza considera que suprimir el IVPEE sería un primer paso coherente para alinear los objetivos de descarbonización con la competitividad industrial.
La industria pide una señal clara
La Alianza, integrada por sectores estratégicos como automoción, refino, química, alimentación, cemento y siderurgia, defiende que los sobrecostes asociados a decisiones políticas y fiscales deben abordarse por vías distintas a la factura eléctrica, como ocurre ya parcialmente en territorios no peninsulares.
Con esta reivindicación, la Alianza refuerza su compromiso con la transición energética sin renunciar a la competitividad que necesita la industria española para mantenerse a la vanguardia en el mercado europeo e internacional.
