Desde la PMcM señalan que algunas empresas cotizadas llegan a tardar hasta 309 días en abonar sus facturas, superando ampliamente el límite legal de 60 días. Para muchas compañías, pagar tarde se ha institucionalizado como una forma encubierta de financiación, denuncia Antoni Cañete, presidente de la plataforma. En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas, los efectos de esta práctica se traducen en falta de liquidez, pérdida de capacidad de inversión y una mayor vulnerabilidad ante crisis económicas.
Una normativa sin dientes y una oportunidad en el horizonte
El marco legal actual, con la Directiva 2011/7/UE, ha resultado ineficaz, según la PMcM, debido a la ausencia de mecanismos reales de control y sanción. Tampoco las administraciones públicas están libres de culpa: los retrasos en el pago a subcontratistas siguen siendo frecuentes, y los controles son, en muchos casos, inexistentes.
Sin embargo, el nuevo reglamento europeo COM(2023) 533 podría marcar un punto de inflexión. Este texto, que aún está en tramitación, plantea un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión. Aunque ya se han introducido excepciones sectoriales durante su paso por el Parlamento Europeo, desde la PMcM alertan de que estas podrían debilitar el objetivo principal de erradicar la cultura del pago tardío en Europa.
Cañete advierte: La clave será si los Estados miembro lo aplican con firmeza, sin ceder a las presiones de quienes quieren mantener el statu quo.
Cataluña, ejemplo de buenas prácticas y esperanza para el cambio
En el plano nacional, la Generalitat de Cataluña ha dado un paso importante al establecer pagos directos a subcontratistas, medida largamente reivindicada por la PMcM. Con una media actual de 88 días para cobrar, los subcontratistas son uno de los colectivos más afectados. Esta iniciativa busca garantizar que los pagos lleguen directamente a quienes ejecutan los trabajos, sin pasar por los contratistas principales.
Desde la PMcM animan a que esta medida se extienda al resto de las administraciones del país como una herramienta eficaz para reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las pymes.
Una vez más, la lucha contra la morosidad vuelve al centro del debate económico europeo y nacional. Para la PMcM, el nuevo reglamento europeo es una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse. Lo que está en juego no es solo la salud financiera de miles de empresas, sino el equilibrio de todo el tejido productivo.
