El mes de junio de 2025 confirma una tendencia: los plazos medios de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera se consolidan en los 60 días, una cifra que representa el límite legal. Sin embargo, más de la mitad de los clientes sigue vulnerando la ley, lo que mantiene la alerta entre los profesionales del sector.
Según el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el transporte, que elabora Fenadismer en colaboración con Qonto, el 53% de los cargadores incumple la Ley de Morosidad, que establece un máximo de 60 días para pagar los servicios de transporte desde la fecha de emisión de la factura. El estudio se basa en más de 800 empresas de transporte encuestadas.
Estabilidad preocupante: la ley se cumple, pero a medias
Durante el mes de junio, los plazos medios se mantuvieron estables en los 60 días, lo que técnicamente se ajusta a la normativa. No obstante, la mitad del sector no respeta esta media. Además, el informe desvela que el 31% de las empresas paga entre 60 y 90 días, y un 6% lo hace entre 90 y 120 días. Incluso hay un 2% que supera los 120 días, lo que supone una situación crítica para muchos transportistas que trabajan con márgenes ajustados.
Esta realidad evidencia que, aunque hay un esfuerzo por parte de algunos clientes para ajustarse a la legislación, el problema de la morosidad sigue arraigado en el sector. La falta de mecanismos más efectivos de control y sanción sigue siendo una asignatura pendiente.
Fenadismer y Qonto: vigilancia activa ante el incumplimiento
La colaboración entre Fenadismer y la fintech Qonto, que facilita soluciones financieras a pymes y autónomos, ha sido clave para realizar este seguimiento mensual. El objetivo es visibilizar la evolución de los pagos, identificar a los sectores más incumplidores y aportar información útil a los transportistas.
Desde Fenadismer se insiste en la necesidad de aplicar un régimen sancionador más riguroso que frene el abuso de los grandes cargadores, ya que los impagos y los retrasos afectan directamente a la viabilidad y solvencia de las pequeñas y medianas empresas de transporte.
En este contexto, mantener los 60 días como plazo medio de pago puede ser positivo, pero no suficiente si no se corrige el elevado porcentaje de infractores. Para los transportistas, el cumplimiento efectivo de la Ley de Morosidad no es solo una cuestión legal, sino de supervivencia empresarial.
