Es una de las aseveraciones de May López en su estudio para OBS para analizar la situación en la que nuestro país afronta el reto de la electrificación.
El ratio de uso de la red actual es del 5,7%, en línea con las matriculaciones mensuales
La autora afirma que esta red de puntos de recarga crece a un ritmo de 1.000 al mes, aportando como dato que a cierre del primer semestre de 2023 y según AEDIVE, había 25.106 puntos de carga públicos, un incremento del 16,4% frente al año anterior, con un ratio de uso medio del 5,7%, lo que muestra que se mantiene la evolución de la infraestructura, cuyo uso sigue siendo bajo, con la evolución de las matriculaciones mensuales.
En cualquier caso, estas afirmaciones tienen que ver con el segmento de los turismos, y no tanto con el de vehículos industriales. Y también se reconoce que el dato se encuentra lejos de los 45.000 marcados como objetivo para cumplir con los compromisos fijados para 2030 en el PNIEC y alcanzar los 110.000 puntos en 2025 y llegar hasta los 340.000 en 2030.
No se obvia el hecho de que el plazo máximo para realizar la conexión de un punto de recarga a la red es de dos años y esto está dificultando el proceso de expansión de dichas infraestructuras. Por ello, AEDIVE ha trasladado algunas mejoras a la Propuesta de Circular de la CNMC, que incluyen agilización y simplificación de los trámites, con la consecuente reducción de tiempos; transparencia de la capacidad de la red disponible y control del fraude.
Mapa interactivo
La puesta en funcionamiento del mapa interactivo de puntos de carga que elabora el Ministerio de Transición Ecológica facilitará un uso más eficiente de la infraestructura de recarga al poner a disposición de forma anticipada al consumidor la ubicación, horarios, potencia, modos de carga, precios, disponibilidad de la instalación y el precio de venta de la electricidad o del servicio de recarga, aunque solamente los puntos de potencia igual o superior a 43 kW tendrán la obligación de remitir y actualizar automáticamente esta información.
Por esa razón, el estudio aboga por que la obligatoriedad de facilitar esta información actualizada debería ampliarse a toda la red pública, no sólo porque actualmente en torno al 80% de la infraestructura quedaría fuera de la obligación por no superar la potencia, sino porque también se corre el riesgo de que sea la potencia que predomine (aún más) a partir de ahora para evitar el cumplimiento de dicha obligatoriedad, dando como resultado una red menos eficiente que no cubre las necesidades de todos, como es el caso de flotas corporativas y vehículos industriales que necesitan infraestructura de carga rápida.
