Los cuatro pilares de la ley:
El marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI, como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial, será constituido por la futura ley. La norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo.
La ley reconocerá la movilidad como un derecho social de toda la ciudadanía
Además, se fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. La digitalización y el intercambio de datos contribuirán a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.
En cuatro pilares se sustenta el nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país.
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho social de toda la ciudadanía y como un factor que promueve la cohesión social y el logro del Estado del Bienestar. Se busca que la movilidad sea accesible e inclusiva, brindando soluciones para todas las personas. Para garantizar este derecho, las administraciones deberán trabajar de manera coordinada, poniendo especial atención en las necesidades de movilidad diaria de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que viven en áreas rurales. Además, se destaca la importancia estratégica del transporte de mercancías como base de la actividad económica del país.
El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire. Esto implica limpiar y sanear el transporte. Para todas las personas, se busca priorizar la movilidad activa (caminar, ir en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible. La promoción de alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda o sistemas de movilidad colaborativa o compartida, es el objetivo de la Ley.
Sobre las zonas de bajas emisiones
Se busca también reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones reguladas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el objetivo de garantizar condiciones básicas homogéneas en todo el territorio. La Ley abre la posibilidad para los ayuntamientos de establecer una tasa por la circulación de vehículos en estas zonas. Sin embargo, es necesario contar con una habilitación con rango de ley para crear esta tasa. Cada municipio tendrá la decisión de implementarla o no.
La creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) es parte de un sistema digital e innovador. En este espacio, las empresas de transporte, los gestores de infraestructuras y las administraciones compartirán sus datos. Esta colaboración permitirá optimizar la toma de decisiones en la planificación de nuevas infraestructuras y servicios.
Se incluirán herramientas en la Ley para facilitar la innovación, como por ejemplo la creación de un sandbox de movilidad. Este sandbox permitirá probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitará su llegada al mercado. Además, la Ley también recogerá los principios que las administraciones deberán seguir para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos en todos los modos. Estos principios priorizarán la seguridad, la sostenibilidad ambiental y los derechos de las personas, además de fomentar la colaboración público-privada. En el caso específico de los automóviles autónomos, el texto establecerá una ventanilla única que facilitará la realización de pruebas en vías públicas.
El cuarto pilar de la Ley se enfoca en mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como en incluir nuevas herramientas que fomenten una mayor participación pública. Se han tenido en cuenta muchas de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post para asegurar la rentabilidad socioambiental de todas las acciones, además de implementar mecanismos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. La cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, es imprescindible para lograr estos objetivos y establecer una política de transportes y movilidad que coloque al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad. Con el fin de facilitar esta coordinación, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible.
El Foro Administrativo de Movilidad Sostenible es uno de los instrumentos que conforman este sistema. También está el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, un órgano consultivo que facilita la cooperación entre las administraciones, el sector y los usuarios. Además, se encuentra EDIM, una herramienta digital que garantiza la compartición de datos sobre movilidad. Por último, hay un documento estratégico llamado DOMOS, elaborado en conjunto con todas las administraciones, que proporciona orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible.
