En el pasado mes de Abril, se produjo un leve repunte frente al mes anterior en los plazos de pago a los transportistas, después de varios meses de reducción constante. Según los datos extraídos del Observatorio permanente de la morosidad elaborado mensualmente por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, la media se situó en 66 días.
En el mes de las empresas cargadoras e intermediarias que no cumplen con la legislación sobre morosidad, se observa que en el 65% de los casos los retrasos en los pagos son leves, es decir, entre 60 y 90 días. Sin embargo, todavía existe un 7% de empresas incumplidoras que pagan a más de 120 días, aunque esta cifra es menor a la registrada en 2022, cuando este nivel de incumplimiento superaba el 20%. En cuanto a los métodos de pago más utilizados para los servicios de transporte, se sigue utilizando principalmente la transferencia (70%), seguida del confirming (25%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).
Plazo máximo de 30 días
El pasado mes de abril, el Parlamento Europeo aprobó en su último plenario su posición en relación al nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establece como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días y la implementación de un régimen sancionador para todos los sectores económicos, según informó Fenadismer.
Tras la propuesta de texto alternativo que ha elaborado el Gobierno belga al resto de Estados miembro, el optimismo generado por el texto aprobado por el Parlamento ha quedado desvanecido. Esto se debe a que el Gobierno belga ostenta la presidencia de la Unión Europea y se necesita el acuerdo conjunto del Parlamento europeo y del Consejo para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento europeo.
Fenadismer ha tenido acceso al texto normativo elaborado por la Presidencia belga, el cual plantea varias modificaciones con el objetivo de «descafeinar» el texto aprobado por el Parlamento. Entre estas modificaciones se encuentra la propuesta de convertir la norma en una Directiva en lugar de un Reglamento, lo cual resultaría en una fragmentación en su aplicación. Además, se propone ampliar el plazo máximo de pago a 30 días para numerosos sectores económicos y eliminar muchas de las medidas propuestas para mejorar la transparencia en las relaciones comerciales entre las empresas.
Fenadismer, en todo caso, tiene confianza en que los Estados miembros lleguen a un acuerdo sobre una regulación en este asunto que proteja los intereses y necesidades de la parte más vulnerable en las transacciones comerciales. Principalmente, se refiere a los autónomos y microempresas, quienes son los más afectados por las situaciones de abuso relacionadas con la morosidad que ocurren actualmente.
