Estos tres aspectos tienen una estrecha relación en nuestros días, la cual se va fortaleciendo a medida que la globalización se implanta en las cadenas de suministro.
Julia Swales, redactora jefe de Ti, ha compartido una charla con Nick Wildgoose, director general de Supplien Consulting, para analizar esta situación, de la que podemos extraer que la Ley alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (SCDDA) está actualmente en el punto de mira y constituye un hito importante en la lucha contra la explotación.
Algunos países ya disponen de normas específicas, que pueden hacer incrementar los costes
Entró en vigor en 2023 y recoge multas de hasta el 2% de la facturación media anual global de una empresa en caso de incumplimiento. La ley se aplicaba inicialmente a empresas con 3.000 o más empleados, pero desde principios de 2024, su rango se ha ampliado a las empresas con 1.000 o más empleados y un domicilio social o una sucursal en Alemania.
Es más, la previsión indica que la evolución sobre esta responsabilidad terminará implicando también a las empresas más pequeñas.
De este modo, la normativa obliga a las empresas a diseñar, aplicar y supervisar procedimientos para garantizar que cada parte de la cadena de suministro, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente final, cumple los requisitos en materia de derechos humanos y medio ambiente.
No sólo en Alemania
Además del país germano, otros como Francia, Noruega y Canadá también han introducido normativas para combatir esta explotación en la cadena de suministro. En el Reino Unido, la ley se introdujo en 2013 y actualmente está siendo revisada, ya que necesita tener más peso, pero los políticos la han dejado aparcada desde hace unos tres años.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden presentó en 2021 la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proteger a la población uigur en China, donde hay un historial de prácticas laborales muy deficientes. Si Estados Unidos cree que ha habido prácticas laborales inadecuadas en la cadena de suministro de una empresa, prohíbe la importación de los productos. No hay ninguna compensación por ello, así que, si una empresa es declarada culpable, el coste es considerable, explican en la conversación.
Esta nueva normativa es también un avance positivo para los trabajadores del sector del transporte marítimo, ya que esta parte vital de la cadena de suministro debe someterse a vigilancia, y las compañías deben asumir una mayor responsabilidad. La Federación Internacional de Transporte estima que se adeudan salarios por valor de más de 12,1 millones de dólares a este tipo de trabajadores.
La conclusión es que aún queda mucho camino por recorrer, pero es posible que normas como la alemana puedan ser el principio de otras más restrictivas, con sanciones aplicadas que provoquen un cambio global y sitúen la explotación en la cadena de suministro de extremo a extremo en primer plano de las agendas de todas las empresas.
